Estoy escribiendo hoy jueves para el domingo
venezolano del 16 de Julio. Nadie puede saber si ese será un día decisivo o no.
Pero, dicho con seguridad, será importante. Aunque la magnitud de su
importancia solo podrá saberse de acuerdo al transcurso de los acontecimientos
que sigan al resultado de la gran consulta popular. La consulta contiene tres
preguntas:
1 ¿Rechaza y desconoce la
realización de una asamblea nacional constituyente propuesta por Nicolás Maduro
sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
2 ¿Demanda a la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana obedecer y defender la Constitución del año 1999 y
respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
3 ¿Aprueba que se proceda a la
renovación de los Poderes Públicos de acuerdo con lo establecido en la
Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un
nuevo gobierno de unidad nacional?
Más que una consulta es un cuestionario. La
primera pregunta es sobre-determinante. La segunda y la tercera se deducen de
la primera.
La redacción del temario consultivo
corresponde con el carácter plural y amplio de la MUD, organización dentro de
la cual cada partido busca imprimir su sello, hecho que explica por qué sus
comunicados y declaraciones, así como la redacción de sus documentos, no son
siempre un dechado de coherencia.
Sin embargo, más importante que la
redacción de la consulta es su intencionalidad. Ella proviene de dos
tiempos históricos, uno breve y otro largo. El tiempo breve se encuentra en
continuidad con la insurrección constitucional que desde hace más de cien días
se ha hecho presente en las calles, dejando tras de sí una gran cantidad de
muertos, heridos y presos políticos. El tiempo largo se encuentra en
continuidad con la línea electoral, democrática, constitucional y pacífica
transitada por la gran mayoría de la oposición venezolana desde el año 2005.
La consulta del 16J será otra
elección. Pero no una más. Su propósito es canalizar hacia un objetivo preciso
la insurgencia democrática. Se trata, en términos
simples, de certificar políticamente que la inmensa mayoría de la nación no
acepta el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyo objetivo es
eliminar el sufragio universal e imponer el sistema de dominación cubano en
Venezuela. Por lo mismo, el 16J será un acto masivo de apoyo a la Constitución
de 1999.
La consulta, si bien desde el
punto de vista jurídico no es un plebiscito, desde un punto de vista político sí
lo será. Eso significa: si bien la consulta no es
constitucionalmente vinculable (bajo Maduro la propia Constitución no es
vinculable) desde el punto de vista político posee un alto grado de poder
vinculatorio.* Pues no solo demostrará
lo que todos saben: que la mayoría de la ciudadanía no acepta la ANC, sino,
además, dará una certificación política a esa mayoría. La consulta ha salido al
paso de la ANC, la ha interceptado y la convertirá en una nulidad. Fue,
efectivamente, la de la AN, una maniobra de alta calidad política. Al César
lo que es del César y a la AN lo que es de la AN.
La consulta será la expresión
electoral de la mayoría democrática de la nación. Demostrará ante el mundo que el gobierno no solo representa a una minoría,
sino que, además, es radicalmente inconstitucional. Esa es la razón por la cual
la consulta del 16J ha despertado un ímpetu épico a lo largo y ancho del país.
Su resultado no derribará a la dictadura, pero pondrá de manifiesto que esa
dictadura, a diferencia de otras habidas en el continente, no cuenta con otra
carta de legitimación que no sean las armas. Por lo mismo, dejará al desnudo
las decisiones anti-constitucionales del alto mando militar.
La ANC nació agonizando. La
Consulta del 16J extenderá su certificado de defunción. De ahí que el objetivo inmediato de la consulta sea lograr que mucho más
temprano que tarde la dictadura retire a la ANC y de curso a las elecciones
pautadas en la Constitución, la única, la de 1999, aprobada por amplia mayoría
bajo el gobierno de Chávez.
Esas son exactamente las razones por las
cuales el dilema de los sectores más extremistas de la oposición es
falso. Pues ese dilema pone en primer lugar la caída de Maduro y solo en
segundo el restablecimiento de la Constitución.
Lo que en su ceguera los extremistas no
pueden o no quieren comprender es que el retiro del proyecto de la ANC y en
consecuencia, el restablecimiento de la Constitución, significaría nada menos
que la capitulación de la dictadura. En sus anti-políticas mentes no entienden
que el antagonismo entre la Constitución y la Constituyente es la
expresión jurídica del antagonismo político principal: el de la ciudadanía
contra la dictadura.
Si la oposición sigue haciendo bien las
cosas, la consulta popular del 16J puede ser la llave que abra la
puerta al periodo de transición. Recién en el curso de ese nuevo periodo
cobrarán sentido las negociaciones entre la oposición con representantes de la
dictadura. Antes no. Intentar negociaciones antes de que la Constitución
recupere su vigencia es inconstitucional. La Constitución no es
negociable.
Los diálogos que tienen lugar en estos
momentos tienen más bien un sentido transversal. Por de pronto, la oposición,
al ser políticamente heterogénea, debe continuar su dialogo interno, el mismo
que la ha llevado a impulsar una intensa unidad de acción en las calles del país.
Tanto o más importante será el diálogo con las organizaciones civiles, algunas
surgidas durante las mismas protestas. Y no por último, será necesario
intensivar la comunicación con las fracciones disidentes del chavismo las que,
de modo legítimo, buscan un espacio de inserción dentro del periodo
post-dictatorial que se avecina. El dialogo final, el más decisivo, es
el que deberá tener lugar entre la sociedad política y los representantes del
estamento militar. Esos son los objetivos.
Por cierto, la historia no es una máquina
automática. Los objetivos contenidos en la consulta popular serán cumplidos, no
cabe duda. Pero su tiempo y sus escenarios estarán condicionados por
acontecimientos imponderables. Son precisamente esos acontecimientos los que
dan forma a la historia. Uno de ellos será–y con ello repito la idea inicial-
la consulta popular del 16J. Si será decisivo o solo importante, se verá después.
* Hasta el miercoles 12-J prevalecía la opinión jurídica relativa a la no vinculabilidad
constitucional de la consulta. En los días siguientes, sin embargo, ganó
terreno la tesis de la vinculabilidad constitucional. No obstante la vinculabilidad depende de un organismo vinculable. Pero la AN no es organismo ejecutivo y el ejecutivo no va a conferir
nunca un carácter vinculable a la consulta aunque esta sea constitucional. Esa
es la razón por la cual –juristerías aparte- preferimos aceptar la tesis de la
vinculabilidad política y no jurídica de la consulta. Pues queramos o no, si la
consulta popular es aplicable lo decidirá la correlación política de fuerzas y no una interpretación jurídica de la ley, por más exacta que sea.